“Si me toca ir a la cárcel por no cometer una irregularidad, por defender a los niños de mi país y por combatir a los corruptos, bienvenidos sean los diez días de arresto en el Buen Pastor que me ordenó un juez”.

Así se pronunció la Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas Michelsen, ante la decisión de un juez de la República de sancionarla con arresto inconmutable de 10 días en centro carcelario y una multa de 10 salarios mínimos mensuales, por oponerse a posesionar en el cargo de Directora Regional del ICBF en Sucre, a una persona que está inhabilitada por ser contratista de la Entidad.

Plazas Michelsen explicó que en 2015 se inició un proceso para conformar la terna mediante la cual se proveería este cargo. Una vez concluidas todas las etapas del proceso y por ser de su competencia, la terna fue entregada al Gobernador, quien eligió a Jacqueline Hernández. A partir de ese momento, se presentaron varias denuncias sobre la inhabilidad de la señora Hernández, por haber tenido contratos con el Instituto.

“Nos interpusieron dos tutelas. La primera de ellas en cabeza de Jacqueline Hernández por no haber sido nombrada y la segunda, busca que la Entidad se pronuncie sobre la presunta inhabilidad para asumir el cargo. Estudiamos el caso y efectivamente nos dimos cuenta que la señora estaba inhabilitada. Por eso no se continuó con el trámite”, señaló la funcionaria.

La Directora del ICBF señaló además que  seguirá luchando contra la corrupción y trabajando bajo la premisa de que los recursos de los niños, las niñas y los adolescentes son sagrados.

“Un juez de la República no me puede ordenar que cometa una irregularidad, ni a un director de Recursos Humanos que certifique que no hay inhabilidad cuando se ha comprobado. Tampoco puede desconocer la decisión que otro ha tomado, pues se contraponen”, puntualizó.